Fue rechazado una vez, falta la foja que acredita la salida fiscal y los informes ambientales son negativos.
La Red de Unión de la Costa (RUC), el Centro de Estudiantes de Licenciatura en Gestión Ambiental (CELGA), Licenciados en Diseño de Paisaje, Comisiones Vecinales, entre otras asociaciones civiles, en conjunto con el Frente Amplio Maldonado alcanzaron 6.366 adhesiones hacia un recurso de impugnación al Decreto N° 4056 de la Junta Departamental de Maldonado. Fue presentado a la Cámara de Representantes el viernes 16, al amparo del Artículo 303 de la Constitución; Susana Paredes en representación de la Comisión Vecinal del Balneario Buenos Aires, María Eugenia Cabot por el CELGA, Nicolas Chacón por la RUC y el edil departamental Joaquín Garlo por el Frente Amplio; fueron quienes se encargaron de la presentación en el edificio anexo del Parlamento.
La evaluación del proceso de recolección de firmas “es muy positiva porque la ciudadanía, adhirió masivamente a esta instancia” declaró el Edil frenteamplista Joaquín Garlo en contacto con piriapolis.net. “La afectación del espacio costero y de nuestras playas genera un alto grado de indignación en la población ya que el turismo es pilar fundamental en la economía del departamento“; “debemos dimensionar la importancia de la protección de nuestras costas” porque “el día que nuestras playas desaparezcan o dejen de ser lo que son, Maldonado va a sufrir consecuencias económicas, además de las ambientales”.
Según el edil frenteamplista Nicolás Billar, el recurso de impugnación “tenía las dificultades de salir a reunir las firmas en un plazo muy acotado de tiempo y con una población que no estaba al tanto, no estaba informada sobre esto”, ya que “además de la premura con la que se tenía que manejar, también es cierto que esto no forma parte del menú mediático del departamento”. Dadas estas circunstancias “hacen que la evaluación sea muy alentadora, ya que se superó ampliamente las firmas necesarias”, que son 1000. Fueron más de 6.300 las rúbricas reunidas. Para Billar “esto demuestra el grado de preocupación de la gente en estos temas” y agregó que “se está atacando un bien público, pero también se está atacando una forma de pensar el desarrollo estratégico, que implica la preservación de la costa y las playas.
El decreto en cuestión fue aprobado únicamente con votos de la bancada del Partido Nacional, el 16 de agosto en la Junta Departamental de Maldonado (JDM), el Frente Amplio y el Partido Colorado se expidieron de forma negativa. Se trata de la autorización del Programa de Actuación Integrada (PAI) Marina Beach, proyecto inmobiliario que incluye la construcción de 26 casas y un hotel; la decisión adoptada por la JDM aprueba el fraccionamiento de cuatro padrones, ubicados al kilómetro 170 de Ruta 10, sobre la faja costera entre balneario San Vicente y Buenos Aires.
“Marina Beach” se presentó en el 2019, en el proceso de autorización ambiental se expidieron las oficinas técnicas del Ministerio de Ambiente, antes de su aprobación a mediados y promulgación a finales de agosto de este año. En sus informes se han señalado múltiples objeciones por el impacto sobre la dinámica costera y a la “configuración y estructura de la costa”, por las “importantes amenazas al equilibrio actual, y por lo tanto a la pérdida del recurso costero y sus servicios ecosistémicos asociados”, así mismo, se sugiere “denegar la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de Actuación Integrada Marina Beach”.
Un camino recorrido
Durante el proceso, las oficinas técnicas del M.A. indicaron que “al dejar los 150 metros desde la línea de ribera que se ceden por imposición legal cuando se realiza un fraccionamiento, no quedaría terreno disponible para fraccionar “y teniendo en cuenta que además corresponde mantener un retiro de 25 metros de Ruta 10 hacia el Sur, “no existiría espacio material para su concreción”. Aun así, para la IDM y quienes impulsan el proyecto, sí hay una zona fraccionable. Por esta razón, el M.A. solicitó una asesoría externa al Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería (IAFI), de la Universidad de la República.
Ésta consultoría realizó la medición en los terrenos y del informe se desprende que “establecida la línea de ribera, los 150 metros de espacio público por ley y el retiro de 25 metros de la ruta nacional, el área edificable sería de 2 metros de ancho en promedio”. Además, el proyecto fue presentado con anterioridad, más precisamente en el 2010, en esa ocasión fue rechazado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), dependencia del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, antes de la creación del Ministerio de Ambiente.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, decidió aprobar la Evaluación Ambiental Estratégica en junio de este año, pese a las objeciones de las oficinas técnicas de la cartera, de múltiples organizaciones ambientalistas y catedráticos del Centro Universitario Regional Este (CURE); “Más allá de la opinión que tenemos como ciudadanos, el Ministerio autoriza solo aquello que la norma le permite, y no autoriza lo que no le permite”, declaró el ministro. Al entender del jerarca, la autorización se da en base a la asesoría de la UDELAR, a través del IAFI; y agregó debe darse una gran discusión acerca del fraccionamiento de la faja costera, ya que “la mayoría existen desde antes de que supiéramos que íbamos a perder 12 mil hectáreas sobre final de siglo”.
Posiciones contrarias
El Frente Amplio Maldonado y las organizaciones implicadas en el proceso de recolección de firmas, no comparten la postura de Peña. Entienden que se identificaron “28 incumplimientos a leyes nacionales, decretos departamentales, artículos de la constitución y también tratados internacionales en materia ambiental”, según declaró Joaquín Garlo. Para Nicolás Billar, Edil por el Frente Amplio, “han habido irregularidades en el expediente, incumplimientos en la normativa” y tampoco “se llevó de la mejor forma, fue un expediente que pasó de manera express, no pasó por la Comisión de Medio Ambiente”. Según entiende el curul frenteamplista, “en las comisiones que se trató, se lo hizo de forma apresurada”, aun así “se logró que participaran expertos en la gestión medioambiental”, aunque el oficialismo “le dio poca trascendencia a sus planteos”.
Garlo advierte sobre las irregularidades en el expediente remitido por la IDM, “concretamente se constató la falta de páginas, dentro de la documentación faltante están las fojas que acreditan la salida fiscal de la tierra”, así mismo, “los procedimientos establecidos en la normativa para la elaboración este tipo de instrumentos, no se han cumplido en su totalidad”, agregó.
Esto último es clave para entender el caso, los PAI pueden ser iniciados por la intendencia o por los propietarios de la tierra; Marina Beach fue presentado por Manantial del Sol S.A., Coralview LLC, y Lookview LLC, quienes dicen ser propietarios de los padrones Nº 24.976, 24.978, 24.977 y 24.979 de la 6ª sección catastral del departamento. En este caso “era necesario que se demostrara la salida fiscal de la tierras, es decir, en qué momento dejaron de ser dominio público”, comentó Nicolas Billar; “esas fojas faltaban y eso fue planteado por la Bancada FA en el informe en minoría” añadió.
Esto quiere decir que los gestionantes, no pueden probar ser los propietarios de los lotes, ya que la salida fiscal no figura en el expediente; desde la intendencia se asegura que los documentos existen pero reconoció no tenerlos en su poder, aseguró Joaquín Garlo en conferencia de prensa, al informar el inicio de medidas en contra del proyecto. Sin embargo, Luis Artola, edil nacionalista y coordinador de bancada, declaró en FM Gente: “hay documentaciones y escrituras que acreditan la propiedad del bien” y que “según las escrituras la tierra le pertenece desde hace bastante tiempo”. Sostuvo además que “No hay ningún proyecto, ni siquiera extraoficialmente”, que lo aprobado por la JDM es la “transformación de la tierra rural a urbana y se establece una normativa de construcción. Eso no le da la posibilidad de realizar ninguna obra. Tiene que cumplir con todos los requisitos para hacer obras en ese lugar”.
El recurso de impugnación presentado a la Cámara de Representantes el viernes 16, tendrá 60 días para la discusión en el Parlamento; quienes impulsan la medida esperan “que se trate el recurso con la seriedad que corresponde, analice en profundidad los fundamentos planteados”. En el escrito presentado “28 incumplimientos a la ley y la constitución están identificados” comentó el edil Garlo, quien espera un escenario futuro donde, “se declare la nulidad del decreto, que sea una señal a nivel país para los gobiernos departamentales, sobre la importancia del cumplimiento de la ley y por otro lado de proteger el espacio costero”
Por su parte Billar destacó la importancia «del trabajo de las organizaciones sociales, que tuvieron que articular y discutir sobre el tema en un tiempo muy acotado” y “fue muy significativa la participación de los estudiantes de Gestión Ambiental, que se den estos atropellos en un departamento que tiene esta carrera, es algo bastante singular”, agregó. Sobre qué espera de la discusión en el parlamento dijo “se le de un tratamiento serio” y “se detenga algo que es una irracionalidad”.
Antecedentes similares en la gestión Antía
En 2018 a través de un recurso similar, presentado a la Cámara de Representantes, en ese caso por parte de Ediles frenteamplistas y colorados. El desenlace resultó en la anulación de la resolución de Antía, los predios en esta cuestión están ubicados en Eden Rock. En el 2021, la Suprema Corte de Justicia entendió que la Intendencia de Maldonado incurrió en encubrimiento de la transición ilícita de unos padrones en una zona de la faja costera pública.
Octubre de 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por intervención judicial detuvo por las mismas razones, la transición a mano de particulares de los padrones 10.108 y 10.109; ubicados en el Balneario Buenos Aires.
